lunes, 22 de octubre de 2012

Ministro Serrano niega información sobre caso de narcotráfico

Empezó a operar la disposición de Rafael Correa, de no entregar información a los asambleístas, como una auténtica “veda informativa”, sostiene el legislador de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez.

Jiménez denuncia que el ministro del Interior, José Serrano, se negó a remitir la información solicitada desde el 30 de agosto del 2012, sobre al caso de narcotrafico Resurgir, en especial el informe de la Policía de Cataluña (España), en el cual se revela que militantes de Alianza País y funcionarios del gobierno aparecen relacionados con el citado caso, cuyo cabecilla es el ciudadano Marco Vinicio Chávez Vallejo, exasesor de la Embajada en España, extesorero de campaña del Moviento PAIS en Europa, además, aparece involucrado el asesor presidencial, Mario La Torre, agrega el legislador.
"Rafael Correa está asustado, no quiere que revienten otros casos de corrupción, más graves que el caso Duzac, como son los negociados en la exportación de petróleo, narcotráfico, y en particular el informe de la policía española", sostiene Jiménez en un boletín de prensa.

Ésta es la razón por la cual Correa, intenta ocultar la información y amenaza con desituir a los funcionarios que remitan documentos a los asambleístas, agrega el asambleísta.

El legislador remitió al presidente Fernando Cordero, el oficio enviado por el ministro José Serrano, y una solicitud de aplicación de las sanciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, así como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en contra de los funcionarios que vulneren el libre acceso a la información.

Jiménez recuerda que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el art. 9, dice: “El titular de la entidad o representante legal, será el responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso”; y, el art. 23, señala: “Los funcionarios de las entidades de la Administración pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, que incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública, entendiéndose ésta como información que ha sido negada total o parcialmente ya sea por información incompleta, alterada o falsa que proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados, según la gravedad de la falta, y sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, de la siguiente manera: a) Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o salario equivalente que se halle percibiendo a la fecha de la sanción; b) Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días calendario, sin derecho a sueldo o remuneración por el mismo lapso; y, c) Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impuesta, se persistiere en la negativa a la entrega de información. Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o entes nominadores.” ...  

El asambleísta recuerda también lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en el art. 110, contempla: “Las y los asambleístas tienen los siguientes deberes y atribuciones: 3. Solicitar directamente información a las y los servidores públicos, según el trámite previsto en la ley”; y, art. 75, de la misma Ley, dispone: “Las y los asambleístas tienen la facultad de requerir información a las y los funcionarios detallados en los artículos 120, numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de la República”. En caso de que en un plazo de quince días dichos funcionarios no entreguen la información o la entreguen de forma incompleta, el asambleísta requirente pondrá en conocimiento de la Presidenta o del Presidente de la Asamblea Nacional dicho incumplimiento, a fin de que el Consejo de Administración Legislativa, remita la documentación relacionada con el mismo, a una de las comisiones especializadas.

El art. 76, Ibídem, establece: “La comisión especializada conocerá el pedido y requerirá por escrito al funcionario público que conteste nuevamente o que complete la información. Para ello, la funcionaria o funcionario público, en un plazo de quince días, comparecerá en persona ante la comisión, previa convocatoria. Si el funcionario público no comparece, será causal de enjuiciamiento político”.

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viernes, 19 de octubre de 2012

Ofrecen $ 17 mil a quien dé información de Glas Viejó

Ofrecen $ 17 mil a quien dé información de Glas Viejó

Desde hoy, a través de redes sociales y por medio de hojas volantes, se inicia una campaña con el objetivo de lograr la detención de Jorge Heriberto Glas Viejó, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva, acusado por una menor, ahora de 14 años, de haberla ultrajado varias veces, producto de lo cual tuvo un bebé que ahora tiene ocho meses.

"Ante la negativa del Ministerio del Interior, que tampoco ha cumplido con la promesa hecha por el señor (José) Serrano y porque sabemos que Glas Viejó está en Guayaquil y la Policía no ha hecho nada por capturarlo tomamos la decisión de ofrecer una recompensa", expresó ayer Pedro Granja, patrocinador de la madre demandante y uno de los profesionales que aporta con $ 2.000 del total.

El resto del dinero será colaboración de Alfonso Luz Yunes y Juan Vizueta, principales del Colegio de Abogados, que esperan aumentar la suma "para incentivar a la gente a que nos ayude a encontrar al degenerado que tanto daño hizo a una familia pobre", dijo ayer Granja.

Entre junio y julio pasado la asambleísta María Paula Romo (Ruptura) sugirió al ministro del Interior, José Serrano, que incluya a Glas Viejó en la lista de los más buscados, sin embargo, él le respondió a Romo: "Recuerdo las veces que usted denunció persecución a familiares suyos, qué triste que ahora caiga en esos mismos vicios absurdos de la politiquería". Además le dijo: "...Confunden la presunción de inocencia y otras garantías, respetadas por el Ministerio (del Interior), con asuntos de orden particular".

DEMANDA LABORAL

Por otra parte, se conoció que el doctor Martín Acosta se encargará de patrocinar a la madre de la menor en la demanda laboral contra Glas Viejó, para quien –ella asegura– trabajó quince años y se quedó desempleada en septiembre del 2011 cuando lo denunció como el violador de su hija. La mujer cuenta que primero laboró como empleada doméstica para la familia del imputado y después, además de encargarse del bar del centro educativo Hans Christian Andersen donde él fungía como director, se encargaba de la limpieza de la casa y le cocinaba.

Durante ese tiempo Glas Viejó nunca la afilió al IESS, asegura la madre demandante.

http://unvrso.ec/00046EE